Acerca de la autorización previa para los ERE

Mariano Rajoy y los ERE

Mariano Rajoy y los ERE.

Aún no se ha dado a conocer el detalle del plan maestro que Mariano Rajoy pretende implementar para garantizar la reducción del déficit del país, aunque todos hemos asumido que será doloroso. La economía de España no está para apuestas inciertas, por lo mismo se hace fundamental elaborar un cronograma serio que ponga cortafuegos a la avidez de los especuladores, que calme a los mercados y, por sobre todo, que refuerce la credibilidad del nuevo gobierno frente a los organismos internacionales.

Los ERE y la burocracia

Sin embargo, a pesar del silencio que aún mantienen las cabezas que manejan la economía del país, han trascendido algunas ideas que se están evaluando. Una de ellas tiene que ver con la forma en que se reformará el mercado del trabajo, asunto espinudo como pocos hay dentro de nuestras finanzas. Está claro que cualquier decisión que se tome al respecto le costará una pequeña batalla social al nuevo presidente, lo que hace prever una especie de “resurrección” de los movimientos sociales masivos de protesta.

Al parecer, Mariano Rajoy está evaluando eliminar el requisito de autorización previa que hasta el momento se exige a los empresarios para realizar despidos colectivos. Su propósito no sería otro más que hacer más dinámico el proceso de implementación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Según la información, España es la única economía de la OCDE que impone una exigencia como la mencionada y, por supuesto, las nuevas autoridades la perciben como un impedimento para el desarrollo del país y no como una protección para los trabajadores.

Hasta el momento, la legislación vigente en España exige al empleador que cualquier recorte de personal que afecte al 10% de la plantilla o a una cifra superior, sean vigilados por las Comunidades Autónomas. Cuando se implementa un ERE, la ley da entre 15 y 30 días para negociar un acuerdo con los comités de empresa. Si no se llega a acuerdo, la legislación otorga otros 15 días a la comunidad autónoma respectiva para apruebe o no el expediente. Según las organizaciones patronales, de esta forma sólo se eterniza un proceso que debería ser más corto en una economía como la nuestra.

Según los representantes de los dueños de empresas, de esta manera lo único que se logra es acabar dirimiendo estos asuntos en los tribunales, instancia que casi en el 100% de los casos da la razón a los trabajadores. Tal vez por esto estén tan entusiasmados con la idea que está rondando en las cabezas de los mandamases de la economía española. Pero, como ya hemos dicho, tendremos que esperar a que Mariano Rajoy muestre sus cartas de una vez por todas.

Fuente: agencias.

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